Mientras las autoridades estatales hablan de un “rescate” de cerca de 700 jornaleros en el rancho El Ramillete, entre ellos más de 200 niñas, niños y adolescentes, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, Plásida Calzada Velázquez, pone en el centro una verdad incómoda: lo ocurrido en Dolores Hidalgo no es una excepción, sino el reflejo de una realidad persistente y normalizada en Guanajuato.
En entrevista, la legisladora desmintió el término “rescate” usado por las autoridades de La Fiscalía y del Gobierno del Estado. A su juicio, las infancias indígenas y jornaleras no fueron salvadas, sino visibilizadas momentáneamente por el operativo, a pesar de que llevan años sobreviviendo en condiciones precarias, invisibilizadas por el Estado.
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“Está mal empleado el término. No fueron rescatadas, sino visibilizadas en ese momento. La mayor parte son niños y sobre todo de comunidades indígenas provenientes de otros estados de la república”, señaló Calzada.
Para la diputada, el problema no se reduce a un solo rancho o a un caso aislado. Es un fenómeno estructural que involucra a cientos de familias migrantes agrícolas que cada temporada llegan a Guanajuato desde entidades como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Michoacán, acompañadas por sus hijas e hijos, quienes terminan integrándose a las faenas del campo o sobreviviendo en condiciones insalubres, fuera del alcance de los sistemas de salud, educación y protección.
En este contexto, la diputada reconoce que el trabajo infantil no debería existir, pero también advierte que muchas veces es inevitable ante la realidad económica de las familias jornaleras.
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“Es una realidad que muchos hemos vivido. Si los papás salen de los hogares para venir a buscar una mejor forma de vida, no van a abandonar a sus hijos. Entonces nosotros como Estado tenemos que ofrecerles mejores condiciones de salud y de educación”, afirmó.
Pese a presidir una comisión dedicada a la protección de derechos humanos y grupos vulnerables, la diputada reconoció que aún no hay una ruta clara de actuación legislativa ni un pronunciamiento concreto del Congreso respecto al caso de El Ramillete y otros similares en la entidad.
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“Habrá que analizarlo como comisión. Primero, un consenso entre los integrantes y ver de qué manera pudiéramos nosotros abordar el tema”, respondió al ser cuestionada sobre un posible acercamiento con las infancias afectadas en Dolores Hidalgo.
Este reconocimiento de inacción institucional contrasta con la gravedad del problema. Según cifras de la Fiscalía, al menos 184 niñas y niños y 30 adolescentes vivían en el rancho, lo que podría configurar delitos graves como explotación laboral infantil, trata de personas y violación al derecho a la educación.
¿Y los derechos de la infancia jornalera?
A pesar de que Guanajuato recibe año con año a miles de trabajadores agrícolas, incluyendo menores, las políticas públicas estatales siguen sin garantizar una vida digna, ni mucho menos un entorno seguro para estas infancias migrantes.
El marco legal existe, pero no se aplica con rigor cuando se trata de población indígena, rural o en pobreza extrema, generando un círculo de exclusión donde los derechos fundamentales se diluyen en la necesidad de sobrevivir.
La postura de la diputada Calzada deja claro que las autoridades conocen desde hace tiempo esta problemática, pero los avances son lentos, fragmentados y con poca voluntad política de fondo. La urgencia no está solo en castigar un caso, sino en repensar el modelo agrícola que sostiene la economía del campo en Guanajuato a costa del trabajo de quienes menos tienen y menos voz tienen.
En imágenes Andrés Martínez para el 28 de Guanajuato Victoria Vera.