Aunque se aprobó por unanimidad el dictamen que reforma la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato, el alcance de los cambios sigue siendo limitado y deja fuera temas clave planteados por los propios sectores afectados. Así lo reconoció la diputada Plásida Calzada Velázquez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, quien afirmó que varias de las propuestas presentadas por periodistas y personas defensoras en un encuentro el pasado 18 de junio, no fueron incluidas por no ser competencia directa de la comisión.
La reforma busca, entre otras cosas, ampliar el marco de protección jurídica, fortalecer al Consejo Estatal de Protección y precisar los principios rectores de las medidas de prevención, incluyendo criterios como idoneidad, inmediatez, perspectiva de género y eficacia. También se aprobó modificar la periodicidad de las sesiones del Consejo, que ahora deberán realizarse cada dos meses en lugar de cada tres.
Sin embargo, la legisladora reconoció que otras demandas urgentes, como la capacitación de las policías estatales y municipales, así como el fortalecimiento de la Secretaría Técnica del Consejo, no fueron incluidas en este dictamen.
inserto 00:32 ahorita nos 01:17 tenemos
“Son temas que no están dentro de la competencia de esta comisión, por ende, no pudieron tomarse en cuenta en esta ocasión”, explicó Calzada Velázquez en entrevista.
Aunque la legisladora celebró que se hayan atendido algunas propuestas derivadas del diálogo con periodistas y defensores, también subrayó que muchas otras deberán ser materia de nuevas iniciativas legislativas, abriendo la puerta a un proceso más largo y fragmentado para alcanzar una protección integral.
Por su parte, la diputada Ana María Esquivel Arrona, durante la comisión calificó la aprobación del dictamen como “un paso adelante”, aunque también aceptó que se necesita avanzar con reformas que realmente sean operativas y aplicables en el día a día.
El dictamen aprobado representa un avance técnico en términos legales, pero deja claro que la protección real sigue enfrentando obstáculos estructurales y políticos, especialmente cuando se trata de traducir la ley en acciones concretas. El hecho de que propuestas como la capacitación a cuerpos de seguridad, una de las principales preocupaciones del gremio periodístico y activistas queden fuera por “no ser competencia” de la comisión, muestra la fragmentación institucional que dificulta una respuesta efectiva y coordinada.
Mientras las agresiones contra periodistas y personas defensoras continúan, la legislación parece avanzar a paso lento, con medidas que, si bien necesarias, no abordan de fondo el entorno hostil que enfrentan estos grupos. El reto para el Congreso local no es solo modificar leyes, sino construir un marco operativo que incluya a todas las instancias responsables incluidas las de seguridad pública y que responda a las necesidades reales de quienes ejercen su labor en contextos de riesgo.
En imágenes Andrés Martínez para el 28 de Guanajuato Victoria Vera.